“Desesperación, chantaje y silencio institucional”: el drama de los cooperativistas de Xuxán

A Coruña

Los cooperativistas de Xuxán denuncian el "chantaje" que dicen estar viviendo por parte de la cooperativa Galivivienda. Aseguran haber recibido presiones por parte de la gestora Gesvieco, encargada del proyecto, para aumentar en diez mil euros la aportación de capital realizada en un inicio. Es el resultado de una asamblea celebrada el pasado 30 de julio en la que los cooperativistas no estuvieron presentes ni tuvieron voz ni voto.

Señalan que la Xunta es la responsable del proyecto y garantizar que se respeten los derechos de los cooperativistas. Reclaman algún tipo de solución al Gobierno gallego, pero la única respuesta que han recibido es que se busquen un asesoramiento legal privado. Una respuesta que ven inaceptable.

En caso de no cumplir con las exigencias de Gesvieco perderían su derecho a seguir en la cooperativa, pese a lso esfuerzos realizados hasta el momento. La gestora les ha dado de plazo hasta el próximo 15 de agosto para tomar una decisión.

Una exigencia que, según Luis Allegre, portavoz de los cooperativistas, se adoptó en una asamblea celebrada el pasado 30 de julio sin su presencia ni participación. “Ninguno de nosotros estuvo en esa reunión, no pudimos votar ni opinar. Ahora nos obligan a aceptar esas condiciones o perdemos nuestro derecho a vivienda”, explica.

"Un chantaje": aceptar o quedarse fuera

La comunicación enviada por la gestora indica que, si no se aceptan las nuevas condiciones antes del 15 de agosto, los cooperativistas quedarían excluidos del acceso a las viviendas. “Nos piden que paguemos 10.000 euros más y que aceptemos que ellos decidan cómo y cuándo desembolsarlo. Si no, nos quedamos sin suelo”, resume Allegre, quien califica la situación de “chantaje y abuso de poder”.

Además, se añade una cláusula que impide a los cooperativistas emprender acciones legales de forma individual, obligándolos a actuar como colectivo y contra la propia cooperativa. “Nos piden que, si vamos a juicio, sea la cooperativa quien asuma las consecuencias, lo cual es absurdo: sería ir contra nosotros mismos”, denuncia.

Un proyecto social que se desvirtúa

Los cooperativistas recuerdan que el proyecto original estaba destinado a familias sin capacidad de ahorro, con cuotas mensuales asumibles y un modelo de alquiler social a largo plazo. “Se habló de un alquiler entre 343 y 500 euros al mes, con una aportación anual de unos 1.000 euros durante 36 años”, explica el portavoz.

Sin embargo, la concentración del capital social en solo 10 años, como propone ahora la gestora, dispararía el coste mensual, alejándolo de su naturaleza social. “Nos están empujando a pagar alquileres de hasta 1.000 euros, algo inasumible para la mayoría”, lamenta Allegre.

Ayudas europeas en riesgo

A la presión económica se suma el temor a perder los 10 millones de euros en ayudas europeas asignados al proyecto, debido al retraso en la concesión de licencias. “La última se otorgó en mayo de 2025, como denunció el concejal Francisco Dinís en un pleno. Sin esas ayudas, el ICO no dará la financiación necesaria”, advierte.

Denuncian abandono por parte de la Xunta

Los cooperativistas aseguran haberse reunido con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y con responsables del Instituto Galego da Vivenda e Solo, pero sin resultados concretos. “Solo hemos recibido buenas palabras. Nos dicen que van a intervenir, pero cada vez estamos peor. Ahora ni siquiera podemos participar en asambleas”, critica Allegre.

Además, acusan a la Xunta de haber cedido gratuitamente los suelos a la gestora Hesbieco sin asegurar un control real sobre el destino social de las viviendas. “Si este suelo se cedió para un fin social, la Xunta debería intervenir para que no se desvirtúe el proyecto”, reclaman.

Desesperación y sentimiento de estafa

El ambiente entre los cerca de 250 cooperativistas afectados es de “auténtica desesperación”. “Muchos sentimos que hemos sido estafados. En su día nos ilusionaron con un proyecto social avalado por las instituciones, y hoy lo que tenemos es imposición, opacidad y amenazas de exclusión”, afirma Allegre.

La situación afecta a más de 2.000 personas que confiaron en el modelo cooperativo impulsado en Xuxán. “Nos han dicho que busquemos asesoría legal, pero ¿cómo se le dice eso a familias sin capacidad de ahorro? Estamos desamparados”.

El 15 de agosto, fecha límite

Los cooperativistas tienen hasta el 15 de agosto para aceptar las nuevas condiciones. En caso contrario, perderían su derecho al suelo y quedarían fuera del proyecto. Mientras tanto, siguen apelando a la Xunta para que intervenga de forma efectiva y proteja el espíritu original del proyecto.